La familia Chaflin llega a un acuerdo con la multinacional LafargeHolcim, que tiene participación en la Fábrica de Cemento Karl Marx
Actualidad26/05/2021 Carlos A G
La familia Chaflin ha conseguido la primera victoria de una demanda al amparo del título III de la Ley Helms-Burton al llegar a un acuerdo, el pasado 20 de mayo, con la multinacional de la construcción LafargeHolcim, por el uso de tierras de su propiedad nacionalizadas en Cuba tras la Revolución.
El litigio comenzó en octubre de 2020, cuando los Chaflin, de Boston, presentaron en un tribunal de Florida una demanda de indemnización por daños y perjuicios por un total de 270 millones de dólares en beneficio de más de 20 partes. La familia era propietaria de la hacienda azucarera Soledad, en El Guabairo, provincia de Cienfuegos, confiscada en 1960 por el Gobierno revolucionario.
En ella fue construida la Fábrica de Cemento Karl Marx, en la que LafargeHolcim (antes llamada, primero, Holderbank y, luego, Holcim), el tercer productor mundial de cemento y con sede en Suiza, tiene una participación desde 2001 a través de "una red compleja de empresas y transacciones", según se alega en la demanda.
La construcción de la cementera fue financiada gracias al apoyo económico de la República Democrática Alemana. En el discurso inaugural, en mayo de 1980, Fidel Castro aseguró que "con estas nuevas plantas de cemento no solo dispondremos para satisfacer todas nuestras necesidades durante varios años, sino que incluso dispondremos de un excedente de cemento para la exportación".
Sin embargo, cuatro décadas después, el cemento es un producto sumamente deficitario en Cuba y múltiples construcciones estatales y privadas han quedado paralizadas en los últimos años a la espera del "polvo gris". Ya desde sus inicios, la Karl Marx generaba dudas entre los empleados que la veían como una planta altamente consumidora de combustible para su funcionamiento.
Fidel Castro junto al presidente de la RDA Erick Honecker, en la inauguración de la Fábrica de Cemento Karl Marx, en 1980. (Trabajadores)
"Todo se ve muy moderno, pero a esta fábrica le haría falta tener al lado varios pozos de petróleo para poder funcionar a toda su capacidad porque su tecnología es muy derrochadora", aseguraba entonces un ingeniero de la industria que dio un recorrido guiado a un periodista de la oficialista revista Cuba Internacional. "Esto está hecho y pensado para tiempos de abundancia", puntualizó el empleado.
A juicio de del Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba, "con el primer acuerdo que involucra a reclamantes certificados (de los cuales hay 5.913), es poco probable que la Administración Biden-Harris suspenda las demandas del título III" de la Helms-Burton, también llamada Ley Libertad.
"Con base en los criterios de adjudicación del título III de la Ley Libertad, la liquidación podría ser un interés anual, ya que el activo fue expropiado, más daños triplicados, sumado a honorarios de abogados, por un total que podría llegar a 140 millones de dólares", estima el Consejo, que aclara que se desconoce si las partes en disputa revelarán el monto del acuerdo.
El título III de la norma, promulgada por la Administración de Bill Clinton en 1996, tras el derribo por parte del Gobierno cubano de las avionetas de Hermanos Al Rescate, permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que lucren con propiedades decomisadas en Cuba, y no fue activado hasta mayo de 2019, por el entonces presidente Donald Trump.
(Fuente 14YMEDIO).
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