Redacción Cuba a la DerechaLondres. England.
El 18 de febrero de 2020 se presentó la demanda en Londres contra el Banco Nacional de Cuba (BNC) y el Gobierno de la Isla por una porción de la deuda vencida que reclama al régimen el grupo de acreedores CRF I, comenzó un proceso que, aún sin sentencia, ha costado millones de dólares al pueblo cubano.
Tribunal de Justicia en Londres.
De acuerdo con documentos públicos vistos en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres, donde el lunes 23 de enero comienza la vista oral del juicio, hasta la fecha CRF I ha informado a esa corte gastos judiciales de 2.153.000 libras esterlinas, equivalente a 2.603.827 dólares.
Por el lado de la parte cubana, el gasto reportado al tribunal asciende a 1.991.000 libras (aproximadamente 2.407.905 dólares), más un estimado de entre 653.073 y 816.341 dólares que supondrán los gastos del juicio. O sea, un total que oscila entre 3.060.978 y 3.224.246 dólares.
Sumadas esas cifras, de gastos en los procedimientos legales en el Reino Unido, donde el perdedor del pleito debe asumir el costo total del proceso, la parte afectada tendría que pagar unos 5,8 millones de dólares.
En caso de ser hallado responsable el régimen de Cuba en la adjudicación de la deuda en litigio, esa cantidad caería sobre los hombros de los cubanos, y se sumaría a la cifra que debe desde hace casi 40 años y que CRF reclama.
¿Por qué cuesta tanto un proceso de esta naturaleza?
En primer lugar, porque La Habana no escatimó gastos a la hora de contratar bufetes de abogados de alto rango para defenderse en Londres. No uno, sino tres despachos de élite representan sus intereses en el pleito.
El primero es el inglés PCB Byrne LLP, con sede en Londres y que suma dos décadas calificado entre los mejores expertos en litigar casos de fraude.
El segundo, Essex Court Chambers, es un grupo de abogados comerciales independientes líder en su campo que suele trabajar con la flor y nata del capital financiero mundial. Cuenta con 96 inquilinos, de los cuales 45 son Consejeros del Rey; o sea, expertos de alto nivel en las cortes de justicia británicas.
El despacho se especializa en litigios comerciales y financieros, arbitraje, derecho público y derecho internacional público. Los miembros del grupo son especialistas reconocidos en todas las áreas del derecho comercial y manejan disputas en todo el espectro del mundo comercial y financiero, incluyendo banca y finanzas, fraude civil, corporativo y offshore, seguros y reaseguros, energía, comercio, transporte marítimo, ingresos y empleo.
Por último, La Habana incluyó en su defensa a Uria Menéndez, nombrada en 2022 firma del año en España por segundo año consecutivo, galardón que entrega la publicación especializada británica International Financial Law Review.
Con oficinas en Madrid, Bruselas, Valencia, Santiago de Chile, Londres, Lima y Nueva York, esta firma tiene una amplia experiencia litigando y representando empresas en América Latina. Su facturación en 2020 fue de 195,2 millones de euros en España, 248,92 millones de euros a nivel internacional.
Un juicio al que se llega por la torpeza e incapacidad del régimen comunista cubano.
Lo curioso de esta situación es que CRF I demandó a La Habana tras una década de invitar al régimen comunista cubano a negociar la deuda vencida en su poder, como hiciera Raúl Castro en 2015 después de acordar con el Club de París, integrado por naciones acreedoras ricas, una deuda de 15.000 millones de dólares desde la cesación de pagos de 1986.
Esa cantidad, adeudada a 16 naciones del grupo, y que incluía capital, cargos por servicios, intereses y penalizaciones, fue renegociada y dejada en una suma a pagar de 2.600 millones, que desde 2020 permanece prorrogada.
En ese entonces, otro grupo de acreedores denominado Club de Londres, que incluye a CRF, además de otras empresas y un banco comercial, ofrecieron reestructurar los préstamos, pero retiraron la propuesta cuando La Habana no respondió a su petición.
A raíz de la designación por Raúl Castro de Miguel Díaz-Canel como su sustituto, un portavoz de CRF dijo que la compañía quería "trabajar con el nuevo designado por régimen comunista de Cuba (...) para resolver los problemas para que Cuba pueda regresar a los mercados internacionales", reportó Bloomberg.
Según la propia fuente, en 2018, CRF ofreció al Gobierno cubano un trato mejor que el alcanzado en 2015 con los acreedores de miles de millones en deudas impagas. Lo volvió a hacer en 2021, proponiendo una reducción neta del 60% de la suma. Pero La Habana insistió en ignorar la propuesta.
"CRF es un importante tenedor de la deuda comercial cubana y busca un resultado justo y equitativo tanto para Cuba como para sus acreedores comerciales y se esforzará por trabajar constructivamente con Cuba para ese fin", dijo a Reuters en 2020, poco después de presentar la demanda en Londres, el presidente de CRF, David Charters.
Sin embargo, la junta de CRF ha dejado en claro que el proceso legal ahora en curso no se detendrá a menos que haya un acuerdo previo satisfactorio con el régimen comunista de cuba", agregó.
Hace unas semanas, reiteró: "Estamos tratando de involucrar a Cuba incluso en esta etapa tardía. Incluso hoy estamos listos para hablar. Haces ofertas y no pasa nada, eres ignorado o rechazado, entonces, ¿qué haces? Ha pasado una década".
La demanda judicial de CRF I incluye un endeudamiento a corto plazo no relacionado con el comercio del 17 de enero de 1982, celebrado entre el BNC y Credit Lyonnais Bank Nederland NV, y un endeudamiento bancario a corto plazo no relacionado con el comercio del 30 de enero de 1984, celebrado entre el BNC y el Instituto Banco Italiano, según consta en la demanda.
De acuerdo con una carta del BNC del 25 de noviembre de 2019, los montos principales de las deudas, sin incluir todos los intereses no pagados y devengados, suman 11.504.067 euros por el préstamo del Credit Lyonnais, y 2.939.928 euros en concepto de deuda IBI.
De ello deriva que CRF I reclame su derecho sobre la suma de 72.122.664 euros en concepto de saldo principal e intereses devengados en virtud las deudas. Aparte de ello, hay una suma adicional que se cuantificará con respecto a los intereses adicionales que se hayan acumulado al momento de la sentencia o el pago, lo que ocurra primero.
Y, fuera de todo lo anterior, está lo que costará el proceso. Todo ello pesará como una loza sobre los cubanos de hoy y de mañana.
FUENTE OFICIAL DIARIO DE CUBA.
