A juicio Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises por sus negocios con el régimen comunista cubano.

Miami. Florida.

Una jueza federal de Miami decidió que las navieras Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises deben ir a juicio por violar las regulaciones del embargo referidas a Cuba al ejecutar "actividades turísticas prohibidas" a la Isla. 

Los documentos de la corte federal revelados por el diario Miami Herald indican que la jueza Beth Bloom dio a conocer el lunes un fallo según el cual las cuatro empresas de cruceros incurrieron además en "tráfico" al obtener beneficios de instalaciones del puerto de La Habana confiscadas a sus propietarios por el régimen de Fidel Castro.

De acuerdo con los documentos del caso, compartidos por el Herald, esas cuatro empresas habrían ganado aproximadamente 1.100 millones de dólares llevando turistas a La Habana, mientras que el Gobierno cubano habría obtenido pagos de 138 millones por su participación.

Según la jueza Bloom, esos viajes, que fueron realizados bajo una de las categorías autorizadas por Washington para que sus ciudadanos viajaran a Cuba, la de contacto "pueblo a pueblo", fueron en verdad "actividades turísticas".

El juicio con jurado se debe celebrar en mayo venidero y allí se decidirá la cuantía de los daños que deben resarcir las cuatro navieras a Havana Docks, empresa que demandó en virtud de la Ley Helms-Burton a las empresas de cruceros por haber lucrado entre 2015 y 2019 con instalaciones portuarias que le fueron confiscadas en 1960.

Asimismo, apunta Bloom en su veredicto, Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises contrataron servicios turísticos de entidades estatales cubanas, entre las que estuvieron excursiones a playas, clubes nocturnos y recorridos turísticos.

No obstante, las empresas aseguraron que esos eran "recorridos educativos" que estimulaban el encuentro entre personas.

Según el Herald, las navieras argumentaron en su defensa que sus actividades en Cuba contaban con licencias del Gobierno de EEUU, pero la jueza Bloom lo desestimó argumentando que estas interpretaron las regulaciones que promueven los intercambios "pueblo a pueblo" de manera "inadmisiblemente amplia".

"El hecho de que [el Departamento del Tesoro] promulgó licencias para viajar a Cuba, y los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, alentaron a los Demandados a hacerlo, no los exime automáticamente de responsabilidad si se involucraron en un turismo prohibido por ley", indicó Bloom en su veredicto.

En febrero pasado la propia corte federal de Miami confirmó que los viajes promovidos bajo la categoría "people to people" (o "pueblo a pueblo"), que debían servir para que los estadounidenses que viajaban a Cuba participaran en iniciativas humanitarias y de impacto social que ayudaran a los cubanos a independizarse del Estado, eran en realidad turismo ilegal disfrazado.

Según fue revelado entonces, Carnival registró una subsidiaria en la Cámara de Comercio de Cuba en 2018 con el propósito declarado de "realizar actividades comerciales relacionadas con el turismo", y firmó un memorando de entendimiento con el Grupo Gaviota, la empresa de turismo del conglomerado de los militares cubanos GAESA.

Por su lado, Royal Caribbean consultó con una agencia del régimen cubano para obtener permisos con el objetivo de abrir y operar casinos en Cuba. Asimismo, esta empresa se benefició de la reventa de "visas de turista" cubanas a pasajeros con un margen de beneficio del 50%.

Las dos anteriores navieras, además de Norwegian, firmaron contratos con Havanatur, la agencia de viajes más grande del Ministerio de Turismo de Cuba, para que proveyera "servicios turísticos" a sus pasajeros, según muestran los registros del caso. MSC Cruceros, por su parte, hizo lo mismo con Cubanacan.

Como parte de las ofertas, las líneas de cruceros comercializaron y vendieron excursiones ofrecidas por las compañías cubanas, desde una "clase de coctelería" hasta pasar una velada "bajo el cielo cubano" en el famoso Cabaret Tropicana, así como excursiones a las playas de Varadero y Santa María, que no cumplían con los requisitos de las licencias generales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que autorizaban tanto a los cruceros como a los pasajeros a viajar a Cuba.

Las compañías de cruceros siguieron adelante con sus negocios con La Habana pese a que fueron advertidas por el Departamento del Tesoro de que la autorización para llevar viajeros a Cuba no era excusa para violar otras leyes y reglamentos. También se arriesgaron a hacer negocios con el régimen cubano, aunque sabían que algunos de los puertos que iban a utilizar eran objeto de disputas por reclamos de propiedad, pues fueron confiscados a sus dueños por el Gobierno de Fidel Castro.

Fuente oficial Miami Herald.